El pasado 18 de enero el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicó el Decreto 090 de 2018 en el cual se limita el universo de vigilados que deben cumplir con la obligación de registrar sus bases de datos, excluyendo a las sociedades y entidades sin ánimo de lucro catalogadas como micro y pequeñas empresas, así como a las personas naturales.